miércoles, 10 de octubre de 2012

El estado tiene empleados en negro.


 Según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a partir de datos oficiales: ‘Los  trabajadores que desempeñan tareas en los distintos ministerios y organismos descentralizados no cuentan con la estabilidad laboral que establece el empleo público y cobran una importante porción de su sueldo como sumas “no remunerativas” , que no se contemplan en los pagos de las jubilaciones”.
Según la Mandataria argentina en su discurso del mes de mayo de 2010: “No hay trabajadores de primera ni de segunda, ni en el Estado ni en ninguna parte; hay trabajadores de una sola clase, los trabajadores con derechos y permanencia en sus puestos”. Esta promesa no se cumplió y los organismos aún cuentan con realidades, tanto salariales como de estabilidad, muy disímiles.
Según el delegado Diego Abu Arab: ‘Los delegados del Ministerio de Trabajo que integran la comisión interna “Empezando por Casa” estiman que el 70% de los 4.200 empleados de la cartera laboral tienen contratos que se renuevan cada seis o doce meses . Ahora este convenio contempla vacaciones y aguinaldo, pero no estabilidad’. ‘Cómo el que tiene el cargo de manejar a los equipos de inspectores va a tener trabajo no registrado’, se preguntó irónicamente el abogado de la CTA, Horacio Meguira.
‘Una situación similar se registra en el Ministerio de Desarrollo Social, donde una amplia porción del personal realiza tareas permanentes pero está contratado a través de convenios con organismos internacionales. Lo mismo en el Ministerio Economía: desde economistas hasta personal de seguridad cobra por intermedio de Universidades en las cuales nunca cursaron’.
El director del departamento jurídico de ATE, Matías Cremonte explicó: “El artículo 14 bis de la Constitución garantiza la estabilidad del empleo público para que cada vez que asume un nuevo Gobierno no terminen echando a todos y que cada cuatro años tenga que empezar todo de cero”.
“Desde que se constituyó la estabilidad comenzaron a funcionar diversas formas de flexibilización que este Gobierno también implementa. El Gobierno tiene la facultad de contratar personal para tareas extraordinarias pero eso significaría que el 30% del Estado está contratado para tareas extraordinarias y eso no es así. El objetivo es tener la posibilidad de echarlos o también inducirlos a que no se afilien o no hagan planteos salariales”.
‘El Gobierno se encuentra frente a una encrucijada si quiere blanquear a los trabajadores cuando las cuentas fiscales dejaron de mostrar números tan sólidos. Las últimas propuestas que hubo para regularizar la situación de algunos trabajadores no les reconocían los años de antigüedad.
Abu Arab:  “En el mejor de los casos te dan estabilidad, pero te la dan con reducciones de $1.500”.
Según cálculos que realizaron en ATE, blanquear a los trabajadores y contemplar todos los años de antigüedad insumiría un gasto fiscal extra de $1.249 millones anuales, mientras que si no contabilizan ningún año, el gasto extra del blanqueo sería de $328 millones anuales.
Fuente:Clarín

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