ARGENTINA
Cada vez más cerca de consagrar la ruptura
El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, informó que no validará el congreso que realizará el sector que impulsa la reelección de Hugo Moyano. Esa fracción ratificó la deliberación. El antimoyanismo apuesta a su propio congreso.
Por Nicolás Lantos
El ministro Carlos Tomada comunicó la resolución de Trabajo en rueda de prensa.
I
El Ministerio de Trabajo impugnó la convocatoria a elección de autoridades de la CGT y ordenó a la central que establezca un nuevo calendario electoral. ?No hubo quórum, no se cumplieron los requisitos, queda en manos de las propias organizaciones sindicales normalizar el proceso electoral, esto es lo que hemos dictaminado?, explicó el titular de la cartera, Carlos Tomada, ayer por la tarde, al anunciar la decisión ante la denuncia de un sector que se opone al actual titular de esa organización, Hugo Moyano. Desde su entorno ya avisaron que mantienen el llamado al Congreso Nacional del 12 de julio, en el que le adjudicarán a Moyano un tercer mandato al frente de la CGT, que desconocen la autoridad del ministerio y que la sentencia no está firme. Desde la otra vereda, anunciaron que el martes llevarán a cabo una reunión de Consejo Directivo (sin el moyanismo), donde intentarán hacer su propia convocatoria electoral para avanzar con la designación de nuevos dirigentes: el metalúrgico Antonio Caló pica en punta como candidato a encabezar la central dividida. La palabra final, como sucedió en la CTA tras las elecciones internas de 2010, quedará en manos de la Justicia.
La sentencia adoptada ayer por el ministerio establece que ?la reunión del Consejo Directivo de la CGT de fecha 24/4/2012 no tuvo quórum suficiente para sesionar, adoleciendo por ello de un vicio en la voluntad del ente que afectó la validez de dicha reunión y de todo lo allí decidido?, lo que incluye la convocatoria electoral. Tal como señaló el fallo, en el propio estatuto de la central obrera consta que los cargos de ese órgano son personales y que no puede votarse en el mismo por medio de una tercera persona. El Consejo Directivo está integrado por treinta y cinco miembros y el quórum es de diecisiete.
?El ministerio actuó sin analizar todas las pruebas, porque en la reunión del 24 de abril no sólo había quórum sino que sobraba quórum?, argumentaron cerca de Moyano, donde aseguran que el acta de ese día lleva estampadas veintiuna firmas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo pudo comprobar la denuncia de los impugnantes: de esas veintiuna, quince corresponden efectivamente a consejeros, mientras que las otras seis ?no figuran como miembros del Consejo Directivo en el certificado de autoridades extendido?. Se trata de Sergio Omar Palazzo, quien ocupó el lugar del procesado por la causa medicamentos Juan José Zanola (bancarios); Guillermo D?Angelo por el encarcelado José Pedraza, investigado por su responsabilidad en el asesinato del militante Mariano Ferreyra (Unión Ferroviaria); José Listo por Jorge Lobais (textiles); Ernesto Ayala por Gerónimo Venegas (trabajadores rurales); Omar Sans por Ramón Baldassini (correos); y Miguel Soto por Omar Viviani (taxistas).
Para tomar la decisión, Trabajo se basó en el mismo estatuto de la CGT que contempla, en su artículo 49, que los miembros del Consejo Directivo sólo pueden ser reemplazados en caso de ausencia definitiva y con previa notificación por parte del sindicato, mientras que ?no existe previsión de cubrimientos de ausencias o vacancia transitoria?, algo que ?señala la resolución? sí sucede para los delegados del Comité Central Confederal e incluso para el mismo secretario general. ?Para alejar cualquier interpretación errónea del tema, cabe advertir que los cargos del Consejo Directivo podrán ser de nominación por una organización sindical adherida y de designación en el congreso respectivo, pero son de ejercicio individual y personal una vez asumidos.?
Tomada anunció esta decisión 48 horas más tarde de que los dos sectores en pugna compartieran una última reunión en el ministerio, a la búsqueda de alcanzar una salida negociada, sin éxito. A partir de ese momento, según había anunciado, se estudió el expediente con los argumentos presentados por ambas partes antes de tomar la decisión, aunque ayer al explicar la sentencia hizo un nuevo llamado al diálogo para alcanzar un ?a estas horas? improbable acuerdo. ?La posibilidad del diálogo está abierta. Las alternativas son diversas y están en sus manos?, sostuvo el ministro, en referencia a los dirigentes de ambos sectores. Ante las acusaciones del moyanismo contra la Presidenta, al que acusan de fogonear el conflicto, Tomada aseguró que ?está muy clara la posición del Gobierno, y es la de que el movimiento obrero esté unido?, para concluir: ?Confiamos en que se pueda llegar a algún tipo de consenso?.
Por otra parte, el ministro defendió la intervención del gobierno nacional en el proceso electoral de la central obrera (intervención que según el moyanismo es ilegal) porque, aseguró, su competencia surge ?de la ley, de la jurisprudencia y del convenio 87 de la OIT? sobre libertad sindical. Al respecto, el fallo recuerda que la misma OIT ?ha admitido que los derechos enunciados? en ese convenio ?pueden ser limitados con el objeto de asegurar el respeto de las reglas democráticas en el movimiento sindical?, ya que ?sería incoherente? que ?no posibilitara una esfera de acción estatal para que se establezca un marco de respeto a ese derecho que, por lo demás, se vincula con la garantía de organización sindical libre y democrática? (art. 14 bis C.N.). La resolución también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Ahora, el Gobierno devolvió la pelota a la cancha de las organizaciones sindicales, ya que, como explicó Tomada ayer, corresponde ?que sea la propia CGT la que convoque a una reunión de su Consejo Directivo para que se pronuncie, subsanando los efectos, y resuelva la implementación del proceso electoral?. Por ahora (y el panorama difícilmente cambie en los próximos días), el moyanismo sigue firme en su convocatoria para el congreso nacional el jueves que viene en el microestadio de Ferro, seguido de un acto político en la cancha de fútbol, donde se presentarán las nuevas autoridades, mientras que la oposición puso en marcha la maquinaria para organizar su propio congreso. El diferendo, seguramente, acabe resolviéndose en instancias judiciales. En tanto, la resolución del Ministerio de Trabajo prevé que ?en el supuesto de vencer los mandatos en ese período, las actuales autoridades permanecerán en sus cargos hasta que culmine el proceso?.
Moyano aseguró que "el Congreso de la CGT se hace igual"
El jefe de la central obrera calificó de "mamarracho jurídico" la decisión del ministro Carlos Tomada y ratificó la elección del 12 de julio. "La validez la determinará la Justicia", aseguró
Crédito foto: EFE
En declaraciones a Radio Mitre, el titular de la CGT reafirmó la celebración de los comicios gremiales y mostró su rechazo a la impugnación realizada por el ministro de la cartera laboral.
"La validez la determinará la Justicia, que es la única que lo puede hacer, no el Ministerio de Trabajo", afirmó el conductor de Camioneros y agregó que ?no es una autoridad competente?.
En este sentido, aclaró que ?la legitimidad no lo da el aspecto legal?. ?Estamos convencidos de que el 90% de los trabajadores respalda esta conducción? dijo, porque ?los hemos defendido y no hemos defraudado?.
Por otra parte, reiteró que las denuncias para bloquear el congreso forman parte de "un tema absolutamente político" impulsado desde el gobierno, y que, la medida, ?es un mamarracho jurídico?, dijo Moyano.
?Tratan de domesticar a las asociaciones gremiales, como lo han hecho con todas las instituciones?, acusó.
Además, adelantó que va a "denunciar a todas las organizaciones gremiales que han presionado" y que ?han intentado dividir la organización para que (los gremios) no vayan? al tradicional congreso.
El dirigente gremial también defendió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y aseguró que se intenta desgastarlo y ?echarlo?. ?Todos saben que si la provincia no es asistida por el gobierno nacional no puede funcionar?, afirmó. Y agregó: ?Scioli es el menor responsable? por el desdoblamiento y la crisis fiscal.
De esta manera, se calienta un poco más la interna de la CGT y la tensión entre el líder camionero y el gobierno nacional. Desde el antimoyanismo, ya habían confirmado que convocarían para este martes a una reunión del Consejo Directivo con el objetivo de llamar a una nueva Confederal, que definirá una nueva fecha de elecciones para elegir el titular de la central obrera.
ARGENTINA
NEGATIVO QUE EL ESTADO SE ENTROMETA EN LA VIDA SINDICAL
?Gordos?, con aval de Trabajo, dividirán el Congreso de CGT
POR EMILIO MARÍN
El Congreso de la CGT está previsto para el 12 de julio, para renovar
autoridades. Fue convocado por el Consejo Directivo y el CCC, pero los
?Gordos? y el gobierno nacional lo van a fulminar de
?antiestatutario?.
El 24 de abril se reunió el Consejo Directivo de la CGT y decidió
convocar al Comité Central Confederal, que le puso fecha al Congreso
para el 12 de julio. Según Hugo Moyano tales decisiones fueron
perfectamente estatutarias y contaron con el voto de 19 de los 35
miembros del CD.
Sus adversarios internos no se hicieron presentes en Azopardo 802. No
fueron los ?Gordos? como Oscar Lescano de Luz y Fuerza y Armando
Cavalieri de Comercio, ni los ?Independientes? como Gerardo Martínez
de la UOCRA y José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, ni los ?No
Alineados? como Andrés Rodríguez de UPCN y Ricardo Pignanelli de
SMATA).
Cristina Fernández con el ultra burócrata sindical Oscar Lescano ( de Luz y Fuerza)
Tampoco pintaron por ese lugar los adversarios del Camionero que hace
cuatro años se fueron dando un portazo para formar una pequeña CGT
?Azul y Blanca?. Su referente es el desprestigiado Luis Barrionuevo,
de Gastronómicos.
Hasta ese momento las principales reivindicaciones de la clase
trabajadora no estaban en debate en los tres segmentos donde se
esparcían los nucleamientos. Todo se centraba en si Moyano iba a ser
reelecto o si sus enemigos internos podían entronizar a Antonio Caló,
de la UOM. O si, ?tercera posición? típicamente justicialista,
Barrionuevo podía arrastrar a algunos ?Gordos? a su moción de un
triunvirato donde él tuviera un asiento. Lescano y Cavalieri
simpatizaban con esa idea de tres co-cosecretarios, pero el resto de
los antimoyanistas mantenían la iniciativa de que Caló fuera el
sucesor.
Sobre este primer motivo de discordia, Moyano luce con mejores
posibilidades porque, con todos sus límites políticos, le da el pinet
para conducir la central. Su carta de presentación es que en estos
años logró mejoras sustanciales en el sueldo y las condiciones de
trabajo de sus afiliados, casi 200.000. Sus contrincantes no pueden
exhibir logros iguales en sus respectivos sindicatos.
Cuando hubo despidos en Chubut y en supermercados EKI, cuando empresas
de transporte tercerizaban servicios y pagaban sueldos inferiores al
convenio, etc. los Moyano enfilaron con los camiones hacia esos
lugares de conflicto para presionar por soluciones.
Por eso en su discurso de la Plaza de Mayo del 27 de junio, en un
pasaje dijo que querían reemplazarlo por Lescano y soltó ?Dios nos
libre?. No abundó en detalles porque no hacía falta. Muchos
manifestantes recuerdan que Lescano y Carlos Alderete, autoridades de
la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf)
recibieron de Carlos Menem varias centrales eléctricas como si fueran
una empresa, incluyendo el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. A
cambio acordaron el despido de miles de sus propios afiliados. Otro
tanto hicieron las cúpulas ferroviarias, bancarias, de obras
sanitarias, etc.
¿De metal o chatarra?
La figura de Moyano puede ser tachada de que falta más cultura
general, como se evidenció en pasajes del discurso mencionado, que
defiende el modelo de sindicalismo burocrático y que tiene denuncias
por negocios más propios de un empresario. La última referencia es a
su posible asociación con Covelia, de recolección de basura en varios
partidos del conurbano.
Todas esas limitaciones pueden ser ciertas. Sus más duros detractores
agitan incluso el viejo pedido de la justicia suiza, rebotado
supuestamente por faltarle detalles y entidad suficiente.
Pero cabe preguntarse si los enemigos del camionero son mejores que
él. Ya se opinó lo contrario respecto a Lescano. Todo el sector de los
?Gordos? huele a estiércol, a pesar de los caros perfumes que usan.
Cavalieri es otro menemista de pura cepa, amigo de la embajada
norteamericana y con denuncias de enriquecimiento ilícito que no
necesitan llegar desde Suiza.
Gerardo Martínez, de la UOCRA, fue acusado por organismos de derechos
humanos de haber actuado como Personal Civil de Inteligencia durante
la dictadura en el II Cuerpo de Ejército. ¡Y fue el primer candidato
de Cristina Fernández para destronar a Moyano!
Carlos West Ocampo, de Sanidad, fue junto a Martínez parte del
directorio de la AFJP Claridad, donde ambos gremios tenían el 25 por
ciento del paquete accionario. Una de las mejores decisiones de la
presidenta fue rescatar los fondos previsionales de esos piratas de
las AFJP y ponerlos bajo control de la Anses.
José Luis Lingeri convalidó la privatización de Obras Sanitarias de la
Nación, vilmente entregada por el menemismo al consorcio
Lyonnaise-grupo Suez bajo el impúdico rótulo de ?Aguas Argentinas?. Su
colega Andrés Rodríguez, de UPCN, fue co-responsable del achicamiento
del Estado, donde se perdieron centenares de miles de puestos de
trabajo. Fue como si estuviera aplicando el apotegma de José A.
Martínez de Hoz: ?Achicar el Estado es agrandar la Nación?.
Pignanelli, del SMATA, es una figura nueva en esa secretaría donde por
más de 36 años reinó José Rodríguez hasta morir en 2009 envuelto en
varias denuncias por enriquecimiento y contratos con empresas
manejadas por sus familiares. Con nuevas autoridades, primero Mario
Manrique y luego Pignanelli, el sindicato está acoplado a las
políticas decididas por las diez terminales extranjeras asociadas en
Adefa.
Esa docilidad ante la respectiva cámara patronal también caracteriza a
los dirigentes metalúrgicos. Salvo corrientes internas como la de
Francisco Gutiérrez, de Quilmes, Caló no se caracteriza por la dureza
para pulsear con Acindar y Techint. La UOM fue cómplice de la
privatización de SOMISA a favor del pulpo de los Rocca; tiene director
dentro de Siderar y la provisión de catering en la empresa, por esa
gauchada.
¿Y éstos son los sindicalistas que van a superar la marca de Moyano?
Intromisión estatal
Aunque los ?Gordos? no sean una alternativa mejor a la de Camioneros,
están en todo su derecho de presentar una lista opositora a Moyano.
Hace a la democracia sindical esa competencia de proyectos y
candidatos, inexistente en Azopardo 802 desde tiempos inmemoriales.
Ya se dijo que allí impera un modelo sindical burocrático. En el
recordado debate televisivo del 9 de marzo de 1973 entre José Ignacio
Rucci y Agustín Tosco, éste propuso consultar a las bases gremiales y
Rucci replicó que la CGT tiene secretario general, CD y CCC, por lo
que no necesitaba hacer tal consulta. Con matices, esta operatoria
cegetista se perpetuó.
Si a ese límite por ahora insalvable se le suma que el gobierno
nacional decide quiénes y cuántos son los dirigentes de la CGT,
entonces el problema es mayor. Lo alertó esta semana Facundo Moyano,
al decir que la central no se puede manejar como un ministerio.
La injerencia del Estado en la vida gremial fue vista como negativa
por el movimiento obrero desde sus orígenes socialistas, anarquistas y
comunistas. Con el peronismo, en cambio, hubo acople. Pero en estos
días falta el diálogo y menudean las críticas entre las dos partes
(Moyano y Cristina). Y en consecuencia, el ministerio de Trabajo dictó
conciliación obligatoria contra del paro de Camioneros del 20 de
junio, le impuso una multa de 4.000.000 de pesos, en tanto el ministro
del Interior le formuló gravísima denuncia penal.
El gobierno quitó el 2/7 un favor estatal que tenía Camioneros desde
tiempos de Néstor Kirchner y que le reportaba 100 millones de pesos
anuales. La obra social moyanista hacía los exámenes psicofísicos para
la licencia de conducir vehículos de carga, por decisión de Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Ahora se la anuló, lo
que no está ni bien ni mal porque el Estado tiene derecho a resolver
en la materia. A lo sumo habrá que ver cómo funciona el nuevo sistema.
Pero lo que está mal es aquella multa y denuncia penal, a lo que se
sumará en cualquier momento una resolución de Carlos Tomada
invalidando el Congreso del 12 de julio. Eso significará una
intromisión lisa y llana del Estado en la interna gremial, condenando
a unos y bendiciendo a otros. Si así fuera, quedará consagrada por un
tiempo una quíntuple división: habrá tres CGT y dos CTA.
La tarea de los ?Gordos? y otros defensores del gobierno será ímproba,
porque deberán lidiar no sólo con el moyanismo que reunió 40 o 50.000
personas en Plaza de Mayo. Hay una mayor conflictividad laboral, por
contratos que se caen en el Estado y medios aguinaldos que se
fraccionan en cuatro, con frigoríficos y aceituneras que cierran en La
Pampa y La Rioja, con terminales y textiles que suspenden personal,
con Dragones que toman con violencia Cerro Dragón, etc.
Justamente ese es el quid de la cuestión: además de elegir a tal o
cual secretario general, ¿qué política adoptará la CGT respecto al
conflicto social? Se trata de una tendencia en ascenso. Los datos del
Ministerio de Trabajo reportaron que ?en 2011 hubo 962 conflictos con
paro; 1.059.863 trabajadores que participaron en paros; 4.303.615
jornadas individuales no trabajadas?. En lo que va de 2012 esta
conflictividad ganó en intensidad.
s indígenas amazónicos bolivianos que permanecen desde hace una
semana en la sede de Gobierno en protesta contra un proyecto vial
que atrevesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro-Secure (Tipnis) decidieron el viernes continuar en La Paz
y mantener su vigilia hasta que el gobierno acepte dialogar con
ellos.
A principios de esta semana, el Estado boliviano se reunió con la
mayoría de los corregidores o líderes de las comunidades que
hacen vida dentro del Parque y acordaron poner en marcha la[1]
Consula Previa para decidir o no la construcción de la polémica
cerretera. En el encuentro no participó el presidente de la
Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, quien aseguró este viernes
que no se moverán del lugar hasta que sus peticiones sean
escuchadas. Se niegan a la construcción de la ruta.
"La vigilia (instalada en inmediaciones de la plaza de Armas)
también continúa porque eso es parte de la lucha y las luchas no
son fáciles", agregó el líder de la marcha, según reseñó una
agencia internacional.
Los indígenas evaluaron la posibilidad de retornar a la Amazonia
para ejercer resistencia desde allí al proyecto vial ante la
incertidumbre del diálogo con el gobierno, pero la descartaron.
El Gobierno de Bolivia ha hecho insistentes llamados al diálogo
que han sido rechazados por el líder de la Subcentral Tipnis,
Fernando Vargas, quien lideriza la novena marcha.
