(AW) Ernesto Abus vivió el exilio junto a sus padres, durante la dictadura genocida del 76 y hoy vuelven a intentar expulsarlo, esta vez de su trabajo, en el que ha construido vínculos no solo laborales sino personales y gremiales. Nuevamente debe vivir la exclusión por razones políticas, esta vez desde un gobierno “democrático”, que claramente esconde su persecución ideológica amparándose en recovecos administrativos inadmisibles.
Como tantos exiliados, Ernesto debió cambiar su nombre por razones de supervivencia, esto quedo perfectamente documentado y clarificado en todos los estratos legales y administrativos, pero, para el gobierno de la Ciudad seria un impedimento insalvable que determinaría la imposibilidad de concursar para salir de su condición de precariedad laboral, situación que viven cientos de trabajadores.
Algunos datos más.
Ernesto Angel Abus nació en Buenos Aires el 7 de Julio de 1970, en marzo de 1976 debió exiliarse junto a sus padres al ser estos perseguidos por razones políticas (las razones del exilio se encuentran mencionadas en el Dictamen de la Procuración General de la Nación que da pie al fallo de la corte más abajo mencionado). Regreso al País en 1993; en el año 1990 terminó sus estudios secundarios en Cuba donde residía bajo el nombre de Ernesto Roy. Las causas de usar “nombre falso” se encuentran someramente mencionadas en el juicio sumarísimo anexado; pero básicamente podrían resumirse en la búsqueda de la protección de los perseguidos en cuestión, en un Estado terrorista que practicaba el secuestro y asesinato selectivo tanto dentro como fuera de sus fronteras.
En 2005 inicia trámites para ser reconocido como exiliado político y víctima del terrorismo de Estado, cuestión que se le resuelve favorablemente a través de la sentencia nº A. 1248. XLIV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictamina que su situación es análoga a la resuelta en la causa "Yofré de Vaca Narvaja" (Fallos: 327:4241), en esencia que debió exiliarse, al peligrar su vida causa directa de persecución por razones política. En 2013 inicia un juicio sumarísimo para establecer que Ernesto Abus y Ernesto Roy son la misma persona y por lo tanto toda la documentación corresponde.
En 2009, ingresó a trabajar a la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA como programador con un contrato precario anual. Este contrato de locación de servicios fue renovado año a año hasta la fecha. Nunca hubo ningún inconveniente. Sin embargo, cuando Ernesto se inscribe en el concurso público y abierto para su puesto específico, se encuentra con que le rechazan la inscripción por problemas de “papeles”. Es decir, por su carácter de exiliado, por lo que ha tenido que pasar en su infancia, por tener que renunciar a su identidad por la persecución política que sufrieron sus padres a causa del terrorismo de Estado ejercido en la última dictadura militar, hoy el GCBA nuevamente lo persigue, lo excluye y le niega derechos. Los argumentos esgrimidos por las autoridades son formalismos inaplicables a la situación particular
Pero, ¿es esta persecución política un caso aislado dentro de esta administración?
Algunos antecedentes muy concretos demuestran que esta es una política permanente de la administración Macrista, que ve en la persecución, los traslados y los despidos una herramienta para aplastar la organización gremial que denuncie y pelee contra la precarización laboral a la que somete a sus trabajadores.
Antecedente de persecución gremial y discriminación en la repartición.
Independiente de este caso particular, las autoridades de la repartición tienen varias citaciones en la legislatura por conflictos con sus trabajadores.
En el año 2009 encuestadores de la Encuesta Anual de Hogares (principal indicador sociodemográfico de la ciudad) organizan un pliego para reclamar a las autoridades mejoras en su condiciones laborales, en lo corto que duró este intento se les negó a estas personas todo diálogo, a los que identificaron como “cabecillas” o “alborotadores” se prescindió de sus servicios, pese a tener el recaudo estos de exponer como voceros a los trabajadores de más calidad y productividad, el costo económico inmediato a la gestión pública fue una significativa merma en la calidad de la recolección de datos primarios en la onda siguiente; el único costo político que debieron pagar por este despótico acto fue la denuncia pública por parte de los afectados y un pedido de informe en la legislatura.
A comienzos de 2012 se conforma una junta Interna, esta vez con profunda inserción entre los trabajadores de todos los sectores y etapas de la producción de estadísticas, amparada por el sindicato ATE, la reacción fue desconocer formalmente su existencia, armar una estructura “sindical” paralela y afín, con los funcionarios del área de personal y una constante campaña de amedrentamiento y persecución; que incluyó la remoción y traslado de jefes “permisivos”, rebajas de salarios y quita de beneficios a delegados, afiliados y cercanos, llegando a su máxima expresión con la insolito despido de la delegada general, Tamara Lescano, la cual tuvo que ser reincorporada al poco tiempo en el lógico fallo de la justicia laboral.
En 2013 el ministerio de trabajo reconoce la legalidad de la Junta Interna, pese a ello las autoridades reiteradamente negaron su reconocimiento en el plano concreto, hasta el punto de trasladar al delegado Martín Rampoldi a otra repartición, lo cual nuevamente es resuelto en el plano de la justicia laboral en contra de la autoritaria gestión, en este periodo se fueron acumulando pedidos de explicaciones, denuncias públicas, presentaciones en el INADI, petitorios, etc… todo a disposición del que pueda interesarse.
concurso DGEyC
En el año 2013 las autoridades convocan a un concurso público y abierto para 75 plazas, en la dirección alrededor del 55%, unos 250 trabajadores, son contratados en clara situación de fraude laboral, muchos con más de 10 de antigüedad y, en un caso extremo, con 15.
En principio se rechaza el pedido de veeduría gremial formalmente solicitado, ello, se hizo evidente, para poder cometer una serie de irregularidades de la forma más impune posible, inclusión de familiares directos de más de la mitad de los miembros del comité evaluador. Rechazo de los profesionales de la dirección, mientra que externos son admitidos, en una insólita cláusula que atenta contra la excelencia en la gestión. A Laura Leguizamón (trabajadora de 15 años de antigüedad) se la rechaza por tener un título terciario incompatible con las funciones realizadas. Una absoluta falta de transparencia donde no existen puntajes en las distintas etapas, ni listados, ni forma alguna de cerciorarse los participantes de cómo se van desempeñando. Además del caso de Ernesto Abus donde claramente se comete discriminación política, violando el artículo 2 de la declaración internacional de los DDHH .
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