La reforma de la Nueva Escuela Secundaria sigue avanzando a espaldas de los docentes.
Producto de la reacción y lucha de docentes y estudiantes ante las medidas de cambio en los planes de estudio de las escuelas técnicas, el gobierno comprometió y programó para este año jornadas institucionales y de reflexión en las que convoca a la participación de los docentes y estudiantes para debatir el proceso de cambio curricular.
Según el Ministerio de Educación, la reforma sería necesaria para adaptar los planes de estudio de la Ciudad a los lineamientos nacionales de la llamada “Nueva Escuela Secundaria” que el mismo gobierno porteño votó favorablemente en el Consejo Federal de Educación.
El proceso se viene dando con una sistemática falta de información y ausencia de consulta y participación democrática del conjunto de la docencia y los estudiantes, lo cual expresa la estrategia de anular el debate pedagógico y, sobre todo, político-ideológico que es parte indisoluble de todo proceso de cambio curricular. Ni siquiera se han enunciado cuáles serían los propios fundamentos de política educativa para este proceso, remitiendo a cuestiones casi puramente formales como la “homologación” o la “adecuación a lineamientos nacionales”.
Con estos argumentos superficiales el gobierno intenta licuar sus responsabilidades en las decisiones de política educativa en la Ciudad,pretendiendo reducir el proceso de cambio de planes de estudios a un aspecto puramente “técnico”, vaciado de contenido político. Las primeras dos jornadas realizadas el año pasado, en las que la falta de información impidió generar espacios para una profunda discusión sobre los alcances ideológicos de estas reformas, ponen de manifiesto el vaciamiento de este debate y su transformación en un “entretenimiento” para los docentes mientras el ministerio sigue tomando decisiones políticas que afectarán a todos los trabajadores de la educación y los estudiantes.
Un claro ejemplo lo da la situación actual de la reforma curricular de las escuelas técnicas.
El ministerio de educación aprobó nuevos planes de estudios para las escuelas técnicas, mediante resoluciones firmadas el 28/12/2012 (números 4144; 4145; 4146; 4147; 4148; 4149; 4150 entre otras) que aún no están publicadas en el Boletín Oficial. Las resoluciones se elaboraron en el marco de un acuerdo cerrado entre Bullrich, dirigentes de dos sindicatos ligados a la escuela técnica y la UOCRA de Gerardo Martinez, acuerdo que persigue "congelar" el conflicto con la comunidad educativa. Para este proceso se convocó sólo a directivos, supervisores y un sector de los docentes a intervenir en el proceso, lo cual está expresado en las mismas resoluciones.
En éstas, el Ministerio establece un "doble estándar" que cristaliza y legitima la fractura del sistema público porque, en resumidas cuentas, aprueba un plan de estudios para escuelas estatales y otro distinto para las privadas. Las diferencias se encuentran en la llamada "formación específica" de los técnicos, involucrando por ejemplo que los estudiantes de algunas especialidades deban cursar en escuelas estatales mayor carga horaria y/o número de materias que en escuelas privadas.
Se desploma así el argumento de la "homologación" como justificación de la reforma curricular, porque si un propósito de la "homologación" es dar mayor "unidad" a la formación de los estudiantes en el nivel nacional, las resoluciones aprobadas van en sentido inverso al permitir que, dentro de la misma jurisdicción de la Ciudad, un mismo título técnico con sus incumbencias profesionales pueda obtenerse con distintos planes de estudios, según las escuelas sean estatales o privadas. El ejemplo muestra más bien que, para el macrismo, la reforma curricular es otro medio para profundizar la fractura del sistema público, entregándolo por parcelas a los intereses particulares de las fracciones empresariales y burocrático-sindicales que son sus aliadas políticas. Rechazamos en consecuencia esta nueva "reforma" así concebida y ejecutada entre el gobierno y sus corporaciones aliadas, ratificando nuestra posición histórica a favor de un sistema educativo público único, universal y estatal.
Se torna urgente reformular los alcances de las propias jornadas, evitando que se conviertan en una cortina de humo tras la cual sigue tomando decisiones políticas y acordando exclusivamente con sus aliados. No es suficiente una simple discusión formal sobre cambios de planes, nombres de materias, etc.
Exigimos en primer lugar al Ministerio que exprese claramente qué busca, políticamente, con el proceso de "reforma": qué educación y qué escuela secundaria promueve, qué políticas y garantías de estabilidad laboral y jerarquización profesional docente y qué recursos públicos al efecto de garantizar la escolaridad de los estudiantes prevé, qué concepciones del conocimiento y la enseñanza impulsa, entre otros temas estratégicos.
Como trabajadores de la educación tenemos posición sobre estas cuestiones. La lucha que venimos librando por una educación pública laica, gratuita y estatal comprometida con las necesidades del pueblo y los trabajadores implica, a la vez, confrontar con las políticas de ajuste y las concepciones pedagógicas e ideológicas reaccionarias expuestas una y otra vez por la actual gestión educativa porteña.
Las jornadas y la participación que proponemos:
Para realizar cualquier reforma de este nivel, es imprescindible democratizar los debates garantizando la plena participación de toda la comunidad educativa mediante la elaboración de proyectos y resoluciones sobre los cambios necesarios para cada institución. Para esto Ademys propone: jornadas institucionales de debate, vinculantes y con facultad para tomar decisiones, elección de delegados coordinadores por los propios docentes de cada área para constituir comisiones de trabajo junto con directivos, docentes de currícula, personal ministerial, sindicatos y representantes de los estudiantes a los efectos de organizar los planteos o proyectos delimitando sus principales lineamientos. Estas comisiones podrán elaborar propuestas de debate y reformulaciones a la vez que serán el vínculo fluido con los cuerpos docentes quienes, así, podrán elevar sus propuestas a través de ellos. De esta manera, las jornadas institucionales se podrán convertir en verdaderas jornadas de debate, intercambio, elaboración y consenso en los proyectos de las escuelas.
Paralelamente, proponemos la elección de representantes de los estudiantes surgidos de las jornadas de reflexión de cada escuela, éstos podrán proponer y trabajar de manera mancomunada presentando sus debates y proyectos.
Las principales decisiones no pueden seguir siendo tomadas por funcionarios políticos y representantes corporativos que ocupan direcciones de área y "consejos asesores", que las comunican a supervisores, directores y algunos pocos docentes elegidos por los propios directivos o por alguna fracción sindical. Se hace necesario democratizar las formas de debate y decisiones sobre los lineamientos pedagógicos, políticos e ideológicos de la Nueva Escuela Secundaria, única manera de que la comunidad educativa sea parte activa en su construcción y de frenar este desguace del sistema público que sólo satisface intereses particulares de los aliados del partido de gobierno.
