(AW) La empresa mendocina IMPSA (Industrias Metalurgicas Pescarmona Sociedad Anónima) despidió a más de 20 trabajadores y solicito autorización para comenzar a suspender y reducir su planta laboral. Las autoridades alegan estar pasando un momento crítico, sin embargo, los trabajadores denuncian fuertes ganancias, negocios millonarios y negligencia. En el transcurso de 2014 ya cesanteó a 100 empleados.
Frente a las reiteradas noticias de despidos y suspensiones entre los trabajadores que se está viviendo en Argentina, ayer lunes 25 de agosto, la empresa mendocina Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) anuncio que está en crisis y procedió al despidió de 20 operarios, amenazando con extender el número de suspendidos y más despidos. La empresa emplea a unos 3.500 trabajadores. La notificación la hizo mediante el envío de una carta a la subsecretaría de Trabajo.
Según la empresa la crisis se debe a que ha perdido adjudicaciones de obras, Chihuidos en Neuquén y dos sobre el río Santa Cruz, fueron adjudicadas a consorcios de empresas chinas que ofrecen el financiamiento y a cambio instalan sus propias turbinas. Sin embargo los trabajadores denuncian las fuertes ganancias y el alto patrimonio del grupo económico que debería “aunque gane menos no despedir a sus trabajadores”.
El concejal Martín Baigorria de Godoy Cruz en dialigo con la prensa del pts manifesto “La empresa de la familia Pescarmona alude una supuesta crisis, pero mientras tanto el Sr Pescarmona pasa esta "crisis" disfrutando de un patrimonio personal que supera los U$S 320 millones colocándolo entre los cuarenta hombres más ricos de la Argentina. Quiere ajustar sus cuentas echando a la calle a los trabajadores dejando sin sustento a sus familias”. También el diputado Nicolás del Caño del FIT (Frente de Izquierda de los Trabajadores) ha presentado junto con sus colegas proyectos de ley que exigen que se detengan los despidos por 24 meses tanto en el Congreso Nacional como en la cámara provincial.
Anred
Congreso Nacional
Diputados nacionales de Mendoza preocupados por los despidos en IMPSA
El 2 de septiembre el diputado nacional del PTS-FIT, Nicolás del Caño, presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación manifestando su preocupación ante los despidos realizados por IMPSA durante agosto. Acompañaron el proyecto con su firma los diputados mendocinos Alejandro Abrahan(FPV) y Patricia Gimenez(UCR) además de la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Alcira Argumedo(Proyecto Sur) y la cordobesa Graciela Villata(Frente Cívico de Córdoba).
Del Caño manifestó que "IMPSA aduce una supuesta crisis financiera producto de la caída de contratos como el TOCOMA en Venezuela y la falta de grandes proyectos en el país, pero sin embargo sabemos que es una de las mayores metalmecánicas de la provincia y del país. Cuenta además con una fuerte presencia internacional, extendiéndose en los últimos años con cinco plantas de producción en Argentina, Brasil y Malasia, 7 mil empleados directos, 150 proyectos energéticos en 40 países y 43 mil MW de energías renovables ya instalados en más de 30 países y no solo eso sino que el 20 de agosto de 2014 supimos por distintos medios periodísticos, que el secretario de Servicios Públicos bonaerense, Franco La Porta, el vicepresidente de Centrales de la Costa Atlántica, Roberto Pizzi, y el vicepresidente de IMPSA, José Luis Menghini, firmaron un acuerdo para desarrollar un Parque Eólico de 250 MW de potencia en la localidad de Punta Alta. Y en el caso del emprendimiento que se realizaba en Brasil, según informó la empresa a través de un comunicado, el 13 de agosto fue dejada sin efecto la resolución del juzgado del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil, que declaraba la quiebra de Wind Power Energía S.A (‘WPE‘), empresa que pertenece a IMPSA."
El proyecto de resolución pretende "expresar su profunda preocupación ante los despidos sufridos por los trabajadores de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), así como por la declarada intención de la multinacional de avanzar en nuevas suspensiones y despidos mediante la presentación de un preventivo de crisis, afectando a un número aún mayor de los trabajadores que emplea en su planta ubicada en el carril Rodríguez Peña de la localidad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza" y al mismo tiempo "manifestar asimismo su solidaridad con el reclamo por la inmediata reincorporación de todos sus trabajadores."
Para finalizar, Del Caño se solidarizó con los trabajadores despedidos y apuntó "la única salida viable es la que se encuentre con todos los trabajadores en sus puestos, sin subsidios y con el empresario haciéndose cargo si es que existiera una crisis. Recordemos que IMPSA es propiedad de uno de los hombres más acaudalados del país con un patrimonio de U$S 320 millones" sentenció del Caño y agregó "esta cámara, igual que la Legislatura de Mendoza, tiene que tratar los proyectos que presentamos para que se prohíban los despidos y suspensiones por 24 meses y los ejecutivo provincial y Nacional tienen que garantizar la reincorporación de todos los trabajadores."
pts.org.ar
Amenaza de despidos en IMPSA
La compañía Metalúrgica de Enrique Pescarmona pidió al gobierno Mendocino que la declare en proceso preventivo de crisis para, luego, despedir unos 215 trabajadores. En el transcurso de 2014 ya cesanteó a 100 empleados.
La compañía Metalúrgica de Enrique Pescarmona pidió al gobierno Mendocino que la declare en proceso preventivo de crisis para, luego, despedir unos 215 trabajadores. En el transcurso de 2014 ya cesanteó a 100 empleados.
La empresa metalúrgica de Pescarmona presentó el pedido ante la Subsecretaria de Trabajo mendocina y la próxima semana habrá una reunión entre las autoridades provinciales, la empresa y los sindicatos del sector en el ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires.
Según la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la compañía ya despidió a unos cien operarios en lo que va del año y ahora pretende cesantear a más de 200, alegando que acarrea inconvenientes financieros.
La empresa informó al Gobierno mendocino que sus dos plantas ubicadas en esta provincia están operando al 40% de su capacidad instalada debido al escaso éxito en ganar licitaciones dentro del país y una deuda importante en negocios realizados en el exterior.
IMPSA cuenta con cinco centros de producción, de los cuales dos están en Mendoza, otros dos en la ciudad brasileña de Suape y el último en Lumut, Malasia; en todos ellos advirtió estar en un momento de crisis severa.
El 12 de agosto último, la justicia brasileña dejó sin efecto la resolución del juzgado del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, que declaraba la quiebra de Wind Power Energía SA (WPE), la empresa subsidiaria de IMPSA en ese país.
El origen del conflicto surgió cuando la Justicia brasileña decretó la quiebra de Wind Power, la fábrica de aerogeneradores, por una deuda que la compañía mantenía con el grupo Libra, un operador portuario al que la empresa de energía eólica le debía 10,6 millones de reales.
WPE, fuente de trabajo de más de 1.500 empleados directos y 5.000 indirectos allí, llegó a un acuerdo de pago con su acreedor, por lo que la firma continúa operando normalmente a pesar de la incertidumbre que había generado.
En Mendoza, la falta de producción de la metalúrgica Pescarmona implica un parate en la actividad de otras 600 pequeñas y medianas empresas mendocinas, las cuales son proveedoras directas o indirectas de esa firma.
Los principales inconvenientes se registran en la Planta II, la unidad de producción principal de IMPSA dedicada a la fabricación de componentes claves de centrales hidroeléctricas y también de aerogeneradores, en una superficie cubierta de 20.000 metros cuadrados.
Si la compañía industrial es declarada en crisis, podrá abonar el 50% del total de las indemnizaciones de los 215 trabajadores y en doce cuotas, tanto para el caso de los empleados efectivos como los contratados.
El objetivo de la admnistración de Francisco “Paco” Pérez es lograr que la empresa acepte aplicar el Programa de Recuperación Productiva de Nación, que aporta el equivalente de al menos el 15% del total de los sueldos, por uno o dos trimestres.
A su vez, según publicó el diario Uno de la provincia de Mendoza, la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina propusieron una serie de salidas como la aceptación de suspensiones, vacaciones anticipadas o reducción horaria, con la condición de evitar todos los despidos.
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