Acerca de la Ley Nacional de Inclusión Educativa, su política privatista y tercerizadora.

No al Ajuste en Educación Especial

La Ley Nacional de Inclusión Educativa propuesta por el Gobierno Nacional y abrazada por el Macrismo y otros gobiernos provinciales, le pone el moño a la Ley de Educación Nacional de Filmus-k del año 2006 específicamente en torno al área de Educación Especial, la que atañe a personas con discapacidad.

Haciendo demagogia con los términos “inclusión”, “necesidades educativos especiales” y “trayectorias escolares” todos los sectores patronales del oficialismo y de la oposición  terminan acordando con esta ley (ver informe de clarín 23/7 “Persiste la falta de inclusión escolar de los discapacitados”) que promueve que el Área de Educación Especial vaya  desapareciendo paulatinamente de la agenda de gastos del Estado y avala que los sectores privados entre los que se incluyen a los mas podridos de la patronal nacional e internacional (llámese Grupo Clarín, Fundación YPF, Fundación Ford, etc.) especulen con los servicios educativos y con los sujetos con discapacidad al tiempo que, en muchos casos, mantienen a los docentes, en los centros de discapacitados privados, bajo el convenio de comercio.

En primer lugar la Ley de Inclusión pretende que todos los sujetos que no tengan certificado de discapacidad concurran a la escuela común. Dejando totalmente de lado la realidad del país en materia del vaciamiento del sistema de salud, el gobierno y sus cómplices no dicen que los turnos, tratamientos y estudios que determinan la discapacidad de las personas pueden demorar años; y muchos mas cuando las discapacidades intelectuales son producto del uso de drogas y estupefacientes o simplemente las miserables condiciones de vida, ya que estas no figuran en los manuales de psiquiatría.

Así están, hoy mismo, realizando “pruebas piloto” de la “inclusión” en el nivel secundario y allí los docentes expresan la desidia y el abandono que caracteriza la “trayectoria educativa” de los jóvenes que son expuestos cada día a un régimen de estudios que no alcanzan siquiera a sobrellevar.

Mas adelante, la ley en cuestión pone de relieve la importancia del “personal de apoyo”  que se vera afectado a llevar adelante la inclusión de cada niño. Defendiendo que este “personal” sea garantizado por las obras sociales, quienes a su vez contratan docentes a través de ONG`s, asociaciones civiles o, en resumen, centros educativos y/o de integración privados (que muchas veces son financiados por grandes empresas y/o multinacionales para así, evadir impuestos) el estado nacional se pone otra vez al servicio de la tercerización laboral, el vaciamiento educativo y la especulación financiera a costa de los niños jóvenes y adultos que presentan discapacidad.

Pretenden asimismo, abrirle otro negocio a los privados: “Centros educativos integrales” (para jóvenes de 12/14 a 20/22 años), reemplazarán a las “Escuelas de Formación Laboral” obviamente aniquilando miles de puestos de trabajo a nivel nacional. Habilitaran así los Centros de Formación Profesional ya conocidos, para los jóvenes con discapacidad a partir de los 20/22 años, o directamente ligarán a los jóvenes con las pasantías que favorecen el trabajo precario en las empresas.

Con aires de progresismo pretenden engañar a familias, docentes y personal de salud señalando que el problema de la derivación de los niños o jóvenes desde la escuela común a la especial es producto de la discriminación de la cultura y la sociedad (léase trabajadores de la educación y la salud), cuando es el mismo estado el que garantiza con su políticas de atropello sobre el pueblo trabajador el aumento de las discapacidades, es el mismo estado que garantiza aulas híper-pobladas en las que no se puede ni enseñar ni aprender y es el mismo estado que pacta cada día con empresarios de todo tipo y nación para que la “calidad educativa” se transforme en un negocio bien redituable.

En la Ciudad de Buenos Aires ya esta aprobado el trabajo en conjunto con Nación para llevar adelante las transformaciones necesarias. La burocracia sindical de UTE no ha emitido una palabra en todo el año acerca de esto dando muestras de apoyo total a la ley y colocando una vez más a nuestro sindicato al servicio de las políticas anti populares.

No es esta clase social gobernante la que va a llevar adelante una política de inclusión, en la que la vida de las personas sea valorada en su integridad, discapacitada o no, otorgándole a cada uno el espacio y los tiempos que necesitan para aprender y o enseñar y sobre todo desarrollar el máximo de sus potenciales. Solo una alternativa política de los trabajadores puede desarrollar un programa  y tomar esta tarea en sus manos.

· Construcción de escuelas especiales;

· Integración y/o acceso a la educación especial para todo aquél que lo necesite, durante el tiempo necesario;

.Creación por estatuto del cargo de maestra/o integrador/a, nombramiento por listado;

· Basta de tercerización del trabajo con empresas privadas en Educación Especial;

· Pase a estatuto de todo el personal que se desempeñe en las escuelas;

.Pase al convenio de Educación o Salud según corresponda;

. Ningún cierre, ninguna reubicación.

Triplicación del presupuesto educativo.

No a la ley privatista y tercerizadora.

                                                  

Valeria Filgueira

TRIBUNA DOCENTE